En ocasiones, cuando las empresas sospechan que sus empleados están cometiendo irregularidades en sus funciones laborales, optan por contratar los servicios de detectives profesionales para verificarlo. Aunque se trata de una práctica legitima, suele atraer la polémica. Es por ello que los detectives deben respetar los límites marcados por la ley a este respecto, con especial énfasis cuando se trata de usar videovigilancia.
Una práctica legítima
Un ejemplo de estos casos es la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña avalando el despido de una trabajadora, que fue grabada por detectives privados cometiendo irregularidades en los cobros de los clientes de la empresa del sector ferroviario.
Los hechos probados del fallo reflejan que la empresa sospechaba de las irregularidades de la camarera en el vagón cafetería. Con el fin de confirmarlo, la empresa contrató los servicios de los detectives, que haciéndose pasar por clientes, grabaron a la trabajadora cobrando productos que luego no existían en la factura emitida por el datafono. La empleada fue despedida al categorizar la empresa su comportamiento como falta muy grave.
Principios necesarios
Fue entonces cuando la camarera decidió recurrir la decisión ante el juez por haber atentado contra su intimidad con dichas grabaciones. Sin embargo, este argumento fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al cumplir los detectives con los siguientes principios:
- Necesidad. Las grabaciones fueron imprescindibles para obtener pruebas de las irregularidades cometidas.
- Idoneidad. La videovigilancia era apta para conseguir el fin anteriormente mencionado.
- Proporcionalidad. Ya que solo se grabó la zona de caja en la que se cometía el fraude.
Además, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) también apela a otras pruebas, como los informes de los investigadores, las facturas de venta emitidas por el datafono y las declaraciones de varios testigos.
