El pasado año (2019) en España se contabilizaron cerca de 5.000 licencias para ejercer las funciones de los detectives a nivel nacional.
El marco de actuación
Según la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) en su Art. 265.1.5 los/las detectives son considerados testigos cualificados. Asimismo, en el Art. 214.1 está contemplado que el cliente incluya los gastos de contratación de la/el detective en las costas, lo que supone para el cliente la gratuidad de los mismos en caso de ganar. El Tribunal Supremo (TS) insiste mediante la jurisprudencia en que los detectives son testigos privilegiados, obligándoles a decir la verdad de las informaciones obtenidas en sus labores de investigación, independientemente del medio por el que fueron obtenidas, mediante fotografía, grabación o de manera visual. Por supuesto, la labor de investigación debe cumplir con la protección de datos personales europeas, Reglamento UE 16/679, y españolas LOPD15/99.
Beneficios para el cliente
La figura de la/el detective se ha vuelto cada vez más visible y común en los juzgados, pues no solo sus servicios se ofrecen a precios atractivos, sino que además suelen ser más que rentables para quien las/los contrata. La elaboración de informes de estos/estas profesionales, son una pieza clave en el litigio. El juzgado número 7 de Familia de la justicia sevillana, valoró positivamente el informe, lo que llevó a condenar a costas a un progenitor cuyas pretensiones eran reducir el mínimo la pensión alimenticia al ocultar un gran patrimonio que finalmente fue destapado por el detective.
Aunque la necesidad de contratar a un detective apremie, hay que tener cuidado y no caer en las redes del intrusismo o falsos profesionales de la investigación en este caso. Si quieres saber cómo distinguir a un intrusita de un detective profesional consulta nuestra entrada Desenmascarando al detective intruso.
